Sin embargo, estas cifras se quedan muy cortas respecto a las estimaciones del propio sector. Así, la Confederación Española del Comercio (CEC), la patronal del sector, estima que unos 67.500 establecimientos se han visto obligados a cerrar por el impacto del coronavirus, lo que supone que un 15% de los comercios de España han cerrado durante la pandemia.

El presidente de la CEC, Pedro Campo, ha augurado además que «todo indica que si todo sigue igual, al cierre del ejercicio habrán cerrado ya el 20% de los locales», precisando que «salvo que se produzca un milagro en Navidad, todo indica que a partir de enero la situación será aún más dura y habrá nuevos cierres», según recoge El Economista.

Entre los motivos de la oleada de cierres, se apunta a la falta de liquidez y el impacto de los rebrotes de la pandemia y las restricciones que están aplicando las comunidades autónomas para contenerlos. Además, los descuentos y rebajas que han emprendido muchos negocios han podido hundir sus márgenes, según el periódico financiero, pese al repunte de las ventas minoristas desde mayo.

La CEC ha resaltado que el comercio supone un 13% del PIB y da empleo a 3,2 millones de personas, además de ser uno de los sectores que más ha recurrido a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Así, 107.000 trabajadores del comercio continúan con su empleo suspendido, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por ello, la patronal ha pedido «medidas de apoyo fiscal y financiero que garanticen la liquidez a los comercios, el aplazamiento del pago de la deuda tributaria y condonación del pago de tributos», ante una caída acumulada de su facturación del 50%. Además, reclaman reducir el recargo de equivalencia o garantizar normas comunes para la venta física y el comercio electrónico.

En cuanto al empleo, la CEC ha reclamado medidas específicas para los autónomos del sector más allá de la prolongación de los ERTE, mientras que respecto a los alquileres, Pedro Campo ha rechazado la medida del Gobierno catalán de reducir un 50% el precio del arrendamiento al comercio y la hostelería, asegurando que «ni tiene sentido ni probablemente sea constitucional», según El Economista.