El comercio del mueble denunciará a Feria Valencia por violar la ley

La patronal del comercio del mueble valenciana, Fecomvac, con apoyo de la confederación española del sector, ha anunciado este viernes su intención de denunciar a Feria Valencia por la cesión de todo un pabellón del recinto a Teyoland, una iniciativa privada que se ha presentado a sí misma como la alternativa de fabricantes españoles a Ikea. La patronal señala que dicho acuerdo ha violado los principios que rigen la contratación de las Administraciones de publicidad, igualdad y libre concurrencia.

En vez de convocar un concurso público, recuerda Fecomvac, la feria, que dirige Alberto Catalá, pactó el acuerdo directamente con los promotores de Teyoland y se ha negado incluso a facilitar los detalles del mismo, así como quienes son los inversores, aduciendo que se rige por el derecho privado.

La federación de comerciantes del mueble ha presentado las conclusiones de un informe jurídico en el que repasa la insistencia con la que la Sindicatura de Comptes, el órgano que fiscaliza las Administraciones valencianas, ha subrayado que Feria Valencia es una entidad pública, enmarcada en el sector local, que debe ajustar por tanto su actuación a la ley de contratación pública. Ese carácter público lo ha establecido incluso el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano en una resolución, según recoge el informe.

Feria Valencia ha replicado, por su parte, que Feria Valencia "no es pública ni forma parte del sector público local". En ese sentido, un portavoz de la institución ha señalado que un dictamen jurídico solicitado por ella misma hace en torno a una década así lo indica. El portavoz declinó, sin embargo, facilitar dicho dictamen jurídico. Desde feria se apuntó que, además, su negocio fundamental consiste en alquilar sus espacios a empresas privadas en el contexto de las ferias comerciales. Lo que los comerciantes de muebles consideran ilegal es, sin embargo, que el arrendamiento a una empresa privada se realice al margen de de los certámenes comerciales e impidiendo que otros empresarios puedan optar a quedarse con el alquiler del pabellón.

La tendencia de las Administraciones valencianas a crear entidades dependientes de ellas pero con las que pretenden eludir la aplicación de la ley de contratación de las Administraciones es repetida, especialmente de aquellas vinculadas a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Un caso reciente ha sido el de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), que fue la que firmó los convenios de Valencia Summit con el instituto Nóos del duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Aunque incluso el Tribunal de Cuentas ha determinado que dicha fundación forma parte del sector público local, entre otras cosas porque más del 80% de su financiación proviene de las arcas del Ayuntamiento de Valencia, Barberá insiste en que es una entidad privada, hasta el punto de convertir la cuestión en su principal defensa frente a una eventual imputación en el caso Noos, que instruye el jue